El Gobierno del Presidente de la Nación Javier Milei, ungido por el voto de más del 50% de los habitantes de nuestra Patria, ha anunciado las primeras medidas económicas. Como ciudadanos debemos respeto a las decisiones de las mayorías, pero nada nos excusa de expresar con claridad nuestro pensamiento frente a las políticas que está planteando el Presidente.
Si los anuncios formulados en la campaña electoral resultaban preocupantes, su advertencia de que padeceremos en forma inminente una estanflación, sumado al tenor de las medidas anunciadas, no deja lugar a dudas sobre el rumbo elegido. Y el costo que tendrá para los trabajadores activos, Jubilados y de la Economía Popular.
El desmantelamiento de la estructura del Estado, en áreas sensibles y fundamentales destinada a garantizar un piso mínimo de acceso a los más elementales derechos como Salud y Educación para los sectores más humildes de la sociedad, que hoy son la mitad de los habitantes de nuestra Patria, muchos de los cuales han votado a este Presidente, promueven nuestro total rechazo.
Con mayor énfasis cuando muchos de estos sectores han votado a este Presidente con la esperanza de mejorar su calidad de vida.
Los efectos prácticos de esas políticas han aparecido de inmediato: profundización de la ya desbocada inflación acumulada en el último año, con un alza incontenible de los precios, en particular de los alimentos.
Despidos y suspensiones en el ámbito privado, especialmente en la construcción y la industria, mientras se anuncia que se producirán despidos y se desconocerán los acuerdos salariales logrados en el Estado Nacional. Sumado a una fuerte presión a las provincias y municipios para que adopten las mismas medidas.
De las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional es evidente que el recorte de gastos buscado surge en un 44% de los trabajadores activos (impuesto a las Ganancias, suba de tarifas, destrucción de la obra pública, congelamiento de salarios en el Sector Público). Y más del 50% lo pagarán los jubilados y los trabajadores de la Economía Popular.
Las PYME también serán alcanzadas por el ajuste (aumento de tarifas, suba de retenciones, aumento del Impuesto País, etc.).
En suma: al ajuste lo pagarán las mayorías, en beneficio del poder económico de las minorías encumbradas en el poder político.
Todo lo que ya vivimos en los ´90, incluida la estatización de la deuda privada de los importadores, todo ello garantizado con una fuerte represión a la protesta social.
En Córdoba, el Gobierno provincial -al igual que los de otras provincias y los de varios municipios- ha anunciado que no respetará los acuerdos salariales firmados con los gremios que representan a sus trabajadores. Y que podrían seguir el ejemplo del Gobierno Nacional, cesanteando a contratados o dejando sin efecto pases a planta.
Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para resolver algunas urgencias: como garantizar el funcionamiento de la Salud Pública en la temporada de verano; o de los Casinos Provinciales afectados por falta de personal, incumplimiento de promociones y ascensos pendientes.
Y mostró su pensamiento al rebajar de nivel al Ministerio de Trabajo
y convertirlo en Secretaría.
Frente a este escenario, la CGT Córdoba:
RATIFICA su voluntad de resistir estas políticas que claramente agreden a los trabajadores formales, a los de la Economía Popular, a sus familias y a todos los habitantes de nuestra Patria que están desocupados; que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza o que subsisten en la indigencia.
SE SOLIDARIZA con todos los trabajadores que ya están perdiendo su fuente de trabajo y sus derechos; con los que muy probablemente los pierdan y con sus organizaciones.
DECLARA su disposición a seguir trabajando por la unidad del Movimiento Obrero y a participar en los espacios de lucha y resistencia que los trabajadores construyan en defensa de sus intereses.
JOSÉ E. PIHEN – SECRETARIO GENERAL
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