El movimiento obrero organizado expresa su rechazo absoluto a las medidas que dispone el DNU 70/23 y los contenidos de la denominada Ley Ómnibus, redactados por los representantes de los grupos concentrados de la economía. En especial en lo referente a las cuestiones laborales que, sin duda, buscan desproteger a los trabajadores, precarizando aún más sus condiciones laborales y salariales.
La pérdida de derechos y el debilitamiento de las organizaciones sindicales sólo apuntan a consolidar un modelo corporativo, excluyente y desigual.
Todas las medidas económicas y financieras del gobierno de Milei dañan el poder adquisitivo de los salarios y no permiten llegar a fin de mes a causa de los elevados índices de inflación. Políticas que afectan gravemente al conjunto de la población, en especial a los sectores más desprotegidos: trabajadores, jubilados y sectores de la economía popular. Desregulaciones que favorecen a un puñado de grupos económicos concentrados de nuestro país, produciendo una salvaje transferencia de ingresos hacia estos últimos.
Ya lo sabemos: las políticas económicas que pretende llevar adelante este gobierno son las mismas que fracasaron en los años ´90. Y esto no fue transparentado en campaña, lo que deslegitima los votos obtenidos por el partido de gobierno. Las reformas laborales sólo han traído, en nuestro país, índices de desocupación de más del 20%. La venta espuria de las empresas públicas y el patrimonio nacional sostuvo, sólo por un tiempo, una situación irreal de aspirantes al primer mundo que estalló por los aires en el 2001.
La política de apertura de comercio de los ´90 nos llevó a la desindustrialización, la venta de nuestros recursos y el patrimonio público, a la cada vez mayor concentración del poder económico hegemónico y a la formación de grandes oligopolios especulativos y rentistas que sólo piensan en el beneficio y la ganancia personal. Valores que atentan contra un modelo de país con justicia social, independencia política y soberanía económica. Y que desde los movimientos sindicales y las organizaciones sociales combatiremos.
La normativa que se intenta aprobar conlleva el desmantelamiento del Estado en áreas sensibles que garantizan pisos mínimos de igualdad y acceso a derechos básicos como la salud y la educación para los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. En el acceso a la vivienda, fomenta la especulación inmobiliaria desprotegiendo a los inquilinos en los contratos de alquiler. La renuncia a la investigación en ciencia y tecnología y el ataque sin precedentes a la cultura también representa un atropello más a nuestra identidad y a nuestra soberanía como pueblo. Y a ello se suman gran cantidad de colectivos afectados por esta iniciativa, feminista y diversidades, medioambientales, de pequeñas y medianas empresas, de la discapacidad y muchos más.
No podemos permitir que nuevamente quieran apropiarse de nuestras riquezas, de nuestro trabajo, de nuestros derechos, nuestros ideales y de nuestras vidas. Como pasó durante la última dictadura militar, que lo hizo mediante un baño de sangre. Iniciando una embestida autoritaria y represiva sobre los intereses y derechos de las y los trabajadores.
El gobierno actual vuelve a las viejas recetas de represión, castigo y orden divino que ya fueran superados por las democracias modernas y que resulta anacrónico revivirlas nuevamente, en pleno Siglo XXI.
La acción de protestar por aquello con lo que no coincidimos es un derecho adquirido que supimos conquistar como argentinos y que defenderemos.
Los sectores de la economía popular nucleados en la UTEP, organizados para generar ingresos por fuera del trabajo formal, exigimos respuestas concretas respecto al aumento del Salario Social Complementario congelado por el actual gobierno. Debido a la situación de pobreza, cada vez más extrema, que se vive en las zonas más vulnerables de nuestra patria, es de necesidad y urgencia que se distribuyan alimentos para los Comedores comunitarios que hacen frente al hambre en las barriadas populares. Y se garantice la continuidad de las obras de Integración socio-urbana, que generan miles de puestos de trabajo para las cooperativas y unidades productivas del sector y llevan dignidad a miles de vecinos.
Córdoba no ha sido ajena al ajuste desatado por el Gobierno nacional.
En una importante muestra de unidad, la totalidad de organizaciones sindicales estatales han rechazado la baja de contratos realizada por el gobierno provincial y exigen que se respete la Tutela Sindical expresamente protegida por el artículo 48 de la ley N° 23.551.
A esta actitud del Gobierno Provincial, en línea con las políticas aplicadas por el Gobierno Nacional, se suma el último aumento en los aportes jubilatorios y al APROSS. Provocando un deterioro sobre los ya erosionados salarios, profundizando los efectos de la inflación, los aumentos de precios y tarifas. Frente a este ataque, los gremios estatales, con el acompañamiento de la CGT Córdoba, realizaron un importante paro el pasado 28 de diciembre. Y aún continúan con un plan de acción gremial que busca la reincorporación de todos los cesanteados y el fin del recorte salarial.
No podemos permitir el avance sobre nuestros recursos y nuestras tierras. El avasallamiento de los derechos humanos y de nuestra cultura, la destrucción de la educación y la salud públicas, porque en el olvido de los Pueblos está su autodestrucción.
Llamamos a consolidar la construcción
de la unidad y continuar la lucha por una
PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA.
Con unidad y organización debemos bregar por la construcción de un país
PRODUCTIVO, INCLUSIVO, EQUITATIVO y SOLIDARIO
que, en forma discontinua, con éxitos y fracasos,
con errores y aciertos, la democracia participativa supo crear.
CGT Córdoba – CTA de las y los Trabajadores – CTA Autónoma – UTEP
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