CONTRA EL AVASALLAMIENTO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LA REPRESIÓN. POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Las centrales sindicales de Córdoba -CGT Córdoba, CGT Regional Córdoba, CTA-T y CTA-A- y UTEP expresan su repudio y rechazo al proyecto de Ley presentado por la Legisladora Nadia Fernández (HUpC) y a las expresiones vertidas por el Ministro de Seguridad de la provincia quien cuestionó a la Justicia, a la vez que solicitó una ley que regule el derecho a la expresión y a la protesta. O, lo que es lo mismo, dar vía libre a la represión. Inadmisibles expresiones antidemocráticas y anticonstitucionales. A lo que hay que agregar que los legisladores de Córdoba no tienen facultad alguna para debatir y resolver sobre un derecho constitucional.
Nuestro rechazo al proyecto del Ejecutivo Provincial encuentra fundamento en algunas de las siguientes consideraciones de carácter enunciativo y no excluyente: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que “las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva. En los últimos años, los Relatores de Naciones Unidas también incluyeron en sus informes a las demostraciones, huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, como parte del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica. Las altas cortes nacionales e internacionales han interpretado que el derecho de reunión pacífica y sin armas no debe interpretarse de forma restrictiva, dado que constituye un elemento fundamental de la democracia. La protesta es particularmente relevante para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos”.
El Bloque Legislativo de HUpC y el Ministro de Seguridad deberían proponer soluciones a las consecuencias económicas y sociales que el plan del gobierno nacional está produciendo en todos los aspectos de la vida de las y los argentinos. Y de la que Córdoba no es ajena en absoluto. Los salarios de hambre, derechos vulnerados, condiciones laborales precarias, pobreza y hambre, cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo, despidos, suspensiones, destrucción de la industria nacional, crisis en la educación y la atención de salud, decisiones que afectan la soberanía, etc. son la inagotable lista de causas que llevan a la protesta y a las movilizaciones.
Aplicar ese plan sólo puede hacerse con persecución y represión brutal como se exhibe, semana a semana, contra las y los jubilados.
El Decreto que pretende cercenar el derecho de huelga completa el panorama. Aunque, nuevamente, ha sido frenado por una medida de la CGT en la justicia nacional.
El Ministro de Seguridad propone que la Legislatura local aborde la represión de las expresiones constitucionales y una legisladora del bloque oficialista recoge el guante. Desconociendo la historia de lucha del movimiento obrero de Córdoba. Y olvidando que existe una ley, aprobada en ese ámbito, donde se incorporó al Cordobazo como el “Día de las Luchas Populares” y como tema curricular en la educación formal. Un verdadero absurdo.
Los derechos y la Patria no se entregan… ¡En la calle se defienden!
Mov Obrero de Córdoba contra regulación de la protesta 3-06-25
